"Dicho
accionar tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, lo cual
imposibilita la intervención del suscripto, ya que se trata de ajena
jurisdicción", sostuvo el propio magistrado, Sergio Torres.
El
juez federal Sergio Torres se declaró incompetente y giró ayer a la
Justicia de la provincia de Buenos Aires la denuncia que el Gobierno
nacional hizo contra el titular de la CGT, Hugo Moyano, y su hijo Pablo,
por el bloqueo en la puerta de destilerías y "amenazas".
"Dicho
accionar tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, lo cual
imposibilita la intervención del suscripto, ya que se trata de ajena
jurisdicción", sostuvo Torres, quien de esta manera giró la denuncia a
la Justicia Federal de la provincia, tal cual lo había pedido el fiscal
Gerardo Di Masi.
La
denuncia la había formulado el ministro del Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, contra la cúpula del gremio de los camioneros por
los delitos de "amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de
servicios públicos" a raíz de la afectación en la distribución de
combustible en todo el país.
"Este
juzgado a mi cargo no resulta competente para investigar los hechos
denunciados, debiendo en consecuencia declinar la competencia que me
fuera atribuida. Ello por cuanto surge del relato efectuado por el
denunciante los hechos puestos en conocimiento fueron cometidos en
extraña jurisdicción, lo cual en estricta aplicación de las reglas que
regulan las cuestiones de competencia territorial, hace imposible la
intervención del suscripto", consideró Torres.
El
magistrado se basó en que el bloqueo de las destilerías "tuvo lugar en
el partido bonaerense de La Matanza, y que por eso "se trata de ajena
jurisdicción".
"Corresponde
intervenir en las presentes actuaciones a la Justicia Federal con
jurisdicción en dicha localidad en la cual se ha desarrollado el
epicentro consumativo del quehacer criminoso denunciado en auto",
añadió.
La denuncia había sido presentada el pasado 21 junio por el ministro Randazzo y la Procuración del Tesoro de la Nación.
Según
la presentación, el "conflicto colectivo, por su alcance nacional, ha
impedido el normal desarrollo de los servicios de transporte con su
natural implicancia negativa para el desenvolvimiento de la actividad
económica general del país".
Argumentaron
que el bloqueo y al consecuente falta de provisión de combustible
ponían en riesgo la "atención de necesidades primarias de la población,
vinculadas con los derechos más elementales (la vida, la salud, el
acceso a la alimentación)".
Moyano
y su hijo Pablo –según la denuncia del Gobierno- han "ejercido un
abusivo derecho a huelga" y las medidas de fuerza "son empleadas con el
claro propósito de ejercer compulsión en miras a obtener concesiones de
la contraparte empresaria y de los poderes públicos".
Ahora,
al declararse incompetente la causa pasa a la Justicia Federal de La
Matanza, que tiene la posibilidad de no aceptar su intervención en el
trámite, a partir del cual la Cámara Federal porteña debería decidir la
competencia.
Diario Uno
Publicar un comentario