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| Foto Arch.: WEB | |
Lo dispuso el juez federal Carlos Folco a raíz de una deuda impositiva de 162 millones de pesos. Fue duramente cuestionado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
El juez federal Carlos Folco dispuso la inhibición general de bienes del diario La Nación, a raíz de un pedido formulado por la AFIP por una deuda impositiva de 162 millones de pesos, que fue duramente cuestionado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
El ente recaudador reclama a esa publicación y a otros 23 medios de todo el país una deuda cercana a los 500 millones de pesos en concepto de IVA.
Pero La Nación publicó en su sitio web que como las empresas periodísticas discuten la legitimidad de ese reclamo, la Corte Suprema dictó en 2009 una medida cautelar que tiene vigencia hasta tanto se pronuncie sobre la cuestión de fondo.
"Si existe un fallo de la Corte que protege a los diarios y canales, no lo sabía; la AFIP no me lo hizo saber", sostuvo Folco, ante la consulta del matutino.
La Nación anticipó que su abogado Ezequiel Cassagne pedirá el levantamiento de la inhibición general de bienes y también denunciará a la AFIP y a su apoderado por "estafa procesal, al no haberle informado al magistrado la existencia de aquella decisión del máximo tribunal".
El organismo que conduce Ricardo Echegaray reclama al diario una deuda de 162 millones de pesos, que todavía es objeto de discusión judicial.
Por su parte, Adepa expresó su "profunda preocupación" por la decisión del magistrado y advirtió que "esto se suma a otra serie de hechos producidos en los últimos días, todos ellos dirigidos a condicionar a los medios de prensa independientes".
"Basta citar la sanción de la ley que regula la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios, así como de normas que definen conductas punibles que afectan el orden económico-financiero o que se identifican como terroristas; la citación a indagatoria de directivos de empresas periodísticas por presuntos delitos de lesa humanidad, y el operativo montado para designar un coadministrador en Cablevisión S.A", indicó la entidad.
Agregó que "la supuesta deuda que se reclama a La Nación así como a muchos otros medios de prensa de todo el país, se origina en la caída del régimen de competitividad que rigió hasta 2003 y en el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de su compromiso de procurar una solución para todas las empresas afectadas".
"Ello dio lugar a la promoción de acciones en el marco de las cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicó en 2009 a la AFIP que debía abstenerse de reclamar judicialmente esas presuntas deudas, hasta tanto haya decisión sobre el fondo de la cuestión", sostuvo.
En ese sentido, señaló que "preocupa que un organismo gubernamental desconozca de modo tan flagrante una orden del máximo tribunal de la Nación, apartándose de las más elementales reglas que regulan la vigencia de un Estado de Derecho".
"Resulta inadmisible que un juez no subsane de inmediato la sentencia inspirada por su ignorancia de los fallos de Corte Suprema de Justicia y difiera la solución del caso hacia la feria judicial, con lo cual se mantienen los efectos de una medida claramente ilícita", indicó Adepa.
En este marco, la entidad instó al magistrado "para que deje de inmediato sin efecto la inhibición dispuesta respecto de S.A. La Nación, porque al margen de su manifiesta ilegalidad, no se corresponde con el grado de independencia y pluralismo que garantizan a la prensa la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, como elemento esencial para la vida en democracia".
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