Este Partido siempre ha esperado que sus concejales cumplan las dos funciones básicas para las que fueron elegidos: controlar el desempeño del Departamento Ejecutivo y legislar.
Corresponde aclarar aquí que las ordenanzas cumplen en un municipio la misma función que la ley en otras jurisdicciones: la de dar fuerza y estabilidad a las políticas públicas. Por ser la ley el lenguaje con el que el Estado expresa su poder, no es un tema menor el cómo se legisla: la coherencia con el cuerpo normativo del que forma parte, la oportunidad, y la claridad constituyen requisitos indispensables.
La cuestión que se desea considerar nace con la Ordenanza Nº 3318, sancionada en el año 2001, durante la gestión del radicalismo y que se refiere a las obras de desagües cloacales. En esas circunstancias, este Bloque de Concejales del Partido Demócrata Progresista formuló, entre otras, las siguientes objeciones:
1-La composición del costo de la obra que, a simple vista, tenía un "sobreprecio" de un37,5 % por sobre el costo de materiales y mano de obra.
2-La distribución del costo: porque incorporaba una variable dinámica, la de las Unidades Tributarias de Superficie Edificada, sobre la que descansaba el 50% del costo de la obra. Esta variable distorsiona de raíz la distribución del costo (y es sobre la que pesa la mayor carga, ya que el 50% restante se distribuye entre las Unidades Tributarias de Frente UTF -25%- y las Unidades Tributarias de Superficie -25%-). Dado que esta variable es dinámica, vuelve absolutamente inequitativa la carga sobre los inmuebles y, en definitiva, sobre los propietarios de los mismos. No debería olvidarse que las obras son por contribución de mejoras, y que esta mejora valoriza el inmueble (esté construido o no).
3-La concepción de "círculo" se distorsiona por la delegación al Departamento Ejecutivo Municipal de la facultad de "aumentar o disminuir la cantidad de cuadras previstas (…), por razones de utilidad pública y/o factibilidad técnica (…)." Este círculo "abierto" (lo cual es una falacia en sí misma), crea en verdad una especie de "satélite" para cada decreto que dicte el Ejecutivo en función de esa facultad. Por otro lado, vuelve inmanejable el control y deja al vecino al arbitrio del Ejecutivo para determinar la extensión de un servicio esencial.
Por lo anteriormente expuesto, esta Ordenanza resultaba injusta e inequitativa y el Bloque de Concejales Demócrata Progresistas no la aprobó y presentó un proyecto alternativo. A lo largo de la gestión radical siguió insistiendo con este tema, pero la norma no fue modificada. Para agravar más las cosas, continuó en vigencia durante la gestión justicialista.
Pero en estos días se operó una especie de milagro por el cual radicales y justicialistas "se dieron cuenta"- por fin- de la injusticia que los vecinos padecieron durante 11años. La desconsideración se hace más patente porque, habida cuenta de la importancia que tienen las cloacas para la salud, ellos sabían que los vecinos estarían dispuestos a "pagar lo que sea", con tal de tenerlas;
Ocurre que entre los años 2007 y 2011 ya se sancionaron varios decretos: Nº: 8868; 9163; 10393; 10226; 10548 y 10550, que totalizan 135 cuadras, por las que la Ordenanza Nº 3318/01 ya ha comenzado a aplicarse, con el envío a cada propietario de la información de obra y la apertura del correspondiente Registro de Oposición.
Así, el 11 de julio le fue informado a los vecinos que la obra de cloacas tenía un costo para un lote de 10×30 con 80 metros cuadrados construidos de $ 9.911 mientras que un terreno baldío de 10×30 pagaba sólo $ 3.316. Eso ya no será así.
Por otro lado, en la reunión con directivos de ASSA, el pasado 11 de setiembre, éstos han comunicado que el Municipio de Esperanza ya no cuenta con la factibilidad técnica para las 135 cuadras (la que ha perdido por dejarla vencer), y que al día de la fecha dicha factibilidad sólo puede ser otorgada por 95 cuadras, que es el límite para la capacidad de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Hay 40 cuadras notificadas que no tendrán cloacas.
Si hoy, en que, afortunadamente, se quiere cambiar el criterio, corresponde dejar sin efecto los Decretos involucrados en la determinación de las 135 cuadras y proceder al dictado de una Ordenanza nueva. La modificación de la Ordenanza 3318 es legislar para atrás, sobre una obra que ya fue notificada a los interesados, con las implicancias jurídicas que el hecho tiene,
Para hacer las cosas bien, el DEM debería enviar el listado de las 95 cuadras habilitadas, con explicitación del criterio con que se ha hecho el recorte y sancionar una Ordenanza nueva porque se trata de un sistema nuevo, que debe corregir lo aspectos lesivos de la vigente, que no se reducen solamente al punto de la distribución del costo, sino que debe incluir la composición del mismo, sin sobreprecios o rubros inadmisibles, y sin delegación de facultades por parte del Concejo.
Ésta es la postura de la concejal Gabriela F. de Oggioni, que aplaudimos, coherente con la posición histórica del PDP sobre esta materia.
Comité Esperanza Partido Demócrata Progresista
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