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| Foto: EDXD | |
El senador por Las Colonias cree que el proyecto del gobierno provincial “delega facultades al Ejecutivo” para aumentar alícuotas hacia el futuro. Y agrega que esta situación puede “exceder atribuciones constitucionales del Legislativo”. Entiende que el proyecto faculta al Ejecutivo a modificar el impuesto inmobiliario rural hasta el 2018. (Rosario 12)
El presidente de la comisión de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Senado, Rubén Pirola (PJ Las Colonias) dijo que la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Antonio Bonfatti que se discute en la Cámara puede tener un “alto impacto” en sectores medios urbanos y rurales, pero “lo que más preocupa es la delegación de facultades de la Legislatura al Poder Ejecutivo”, que le permitiría actualizar las alícuotas durante los próximos seis años, hasta2018, apesar de que el turno de Bonfatti termina en diciembre de 2015. “Creemos que el proyecto tiene cláusulas que atentan contra la seguridad jurídica” y “las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo para fijar los impuestos en la provincia”, dijo.
Pirola es el primer senador del PJ en advertir sobre las consecuencias del proyecto que Bonfatti mandó al Senado. “Vemos con preocupación el impacto que puede tener en los sectores medios”, dijo. El aumento del impuesto inmobiliario urbano puede llegar al 120 por ciento ?aún cuando ya se incrementó un 100 por ciento en 2009?, y el rural hasta un 600 por ciento.
“Pero lo que más nos preocupa es una delegación de atribuciones de la Legislatura al Poder Ejecutivo, de acá a 2018. Y sabemos que el único poder que puede fijar los impuestos es el Legislativo”, planteó Pirola.
El Ministerio de Economía creó un Observatorio de Valores de Inmuebles Rurales (OVIR), en el Servicio de Catastro de la provincia. Y uno de sus trabajos entre 2010 y 2011 fue determinar un Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), una expresión del valor económico de un inmueble en el mercado, según distintas variables. “A partir de ahí, mediante una fórmula, se toma un avalúo fiscal proporcional, que se define año por año para que impacten de determinada manera”, explicó Pirola.
“La verdad es que es una forma bastante engorrosa, que nos lleva a presuponer que si el OVIR modifica los precios máximos y mínimos (de los inmuebles, según el mercado), de alguna manera, el avalúo fiscal va a ir cambiando y en ese marco tampoco sabemos en función de los topes que va a determinar el Poder Ejecutivo, cuánto finalmente sería lo que va a pagar cada contribuyente”, afirmó el legislador.
-¿Usted interpreta que hay una delegación de facultades de Legislatura al Poder Ejecutivo? -insistió Rosario/12.
-Yo entiendo que sí. No sé cuál será la posición que adopte el bloque de senadores del justicialismo, y después la Legislatura en su conjunto. Pero considero que si aprobamos este proyecto como vino, le estamos delegando al Poder Ejecutivo una facultad propia de la Legislatura y por un tiempo que excede largamente el mandato del doctor Bonfatti, que termina en diciembre de 2015 -contestó Pirola.
-¿Y de esta forma el Poder Ejecutivo puede retocar los impuestos de aquí hasta 2018?
-Sí. Eso es lo que está escrito en el proyecto. Entonces, advertimos sobre esta cuestión y seguramente discutiremos en función de un aumento de impuestos que esté determinado, no sólo por el impacto que tendrá en 2012, sino en los años sucesivos. Porque tiene ver con la seguridad jurídica que podemos plantear como legislador y en el marco de las facultades que son propias de la Legislatura.
-¿Esto es para el inmobiliario urbano y rural?
-Particularmente para el rural. En el caso del inmobiliario urbano aún no lo hemos analizado con detenimiento, pero también observamos una modificación en el índice que cambiaría los avalúos. Lo vamos a analizar con profundidad para saber si el impacto será de la misma naturaleza con el correr de los años.
Una de las cláusulas del proyecto que el senador Pirola tiene bajo la lupa es la que incorpora el artículo 116 Bis al Código Fiscal: “El Poder Ejecutivo, a través del Servicio de Catastro e Información Territorial, actualizará en forma anual los precios básicos máximos y mínimos por hectárea y por distritos para los inmuebles rurales, conforme a las variaciones de precios que se produzcan en el mercado e identificados por el Observatorio de Valores, debiendo rendir información al Poder Legislativo”, dice la norma.
Por Juan Carlos Tizziani -Rosario 12 | EDXD
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