La orden de la presidenta era taxativa: "ni un peso". Pero en el escrito presentado para apelar el fallo de Thomas Griesa, el gobierno nacional sugiere reabrir el canje. (Imagen: WEB)
Finalmente el gobierno argentino presentó a última hora de ayer una "moción de emergencia" ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Pidió que se suspenda la sentencia del juez Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a depositar en garantía los U$S 1.330 millones de dólares que le reclaman dos fondos "buitres" por bonos en default que no se presentaron al canje.
El escrito presentado ante la cámara por el estudio de abogados Cleary Gotlieb Steen & Hamilton, expone que si el juez Thomas Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago que iguale a los "buitres" con los acreedores que entraron al canje, "este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir".
Hasta aquí Griesa dejó en claro que el gobierno argentino debe, y tiene que pagar. Y ordenó que el país deposite el total de lo que reclaman dos fondos "buitres" -los U$S 1.330 millones- por los bonos defaulteados más intereses. El juez neoyorkino admitía sin embargo que los fondos no podrían cobrar hasta que la sentencia no estuviera en firme, pero ordenó que el país deposite la plata como garantía de que se allanaría al proceso judicial sea cual fuera el resultado.
El magistrado tomó esa precaución precisamente porque la presidenta Argentina había declarado pública y enfáticamente en varias ocasiones que no pagaría "ni un peso (o dólar)" para los fondos especulativos, lo cual suponía desconocer la autoridad de la justicia norteamericana que llevaba adelante el proceso.
Pero la voluntad política de la Casa Rosada volvió sobre sus propios pasos ayer, en un intento por descomprimir el duro fallo que en primera instancia obliga a pagar todo lo que los buitres reclaman. La Argentina intenta ahora lograr una igualdad de condiciones de pago entre los buitres y los bonistas que entraron al canje, que no es ni más ni menos que el "pari passu" que reclamaba el juez Griesa, en la interpretación más conveniente para el país.
El escrito presentado por la Argentina expone que "si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata que tratara a los actores (los buitres) y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir".
DyN/Télam/El Litoral
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