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| Foto Arch.: El Litoral | |
La Cámara votó por segunda vez un proyecto originado en el radical Fascendini. La Cámara Alta tiene ahora la iniciativa, así como una reforma a la vigente ley de fitosanitarios, que apunta a restringuir las aplicaciones en cercanías de áreas urbanas y centros poblacionales.
La Cámara de Diputados votó y giró en revisión al Senado un proyecto de ley con disposiciones para el control del manejo, almacenamiento y disposición final de las sustancias químicas de uso agrícola y designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Medio Ambiente.
La iniciativa es del radical Carlos Fascendini, quien recalcó que un proyecto similar fue votado hace dos años sin encontrar eco suficiente en la Cámara Alta. Pero además, consideró que ésta, más la reforma a la vigente ley de fitosanitarios que se encuentra en el Senado, son piezas fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y fijar reglas claras para los productores agropecuarios.
El texto deja en manos de la Secretaría de Medio Ambiente la promoción del desarrollo de programas integrales de capacitación en el manejo y disposición final de los agroquímicos, intensificar acciones de información a los usuarios; fomentar el desarrollo de buenas prácticas en el uso y la comercialización de estos productos; elaborar programas para que las universidades introduzcan en curriculas de temas afines el asunto, así como promover la investigación en torno al contenido, metodología, estrategias de organización, comunicación de mensajes para la educación, capacitación y divulgación técnica en el área del control químico en programas de manejo integrado de plagas.
También corresponsabiliza a los fabricantes o expendedoras de agroquímicos y al consumidor final sobre la recuperación y disposición final de los envases hasta que logren el otorgamiento del “certificado de aptitud ambiental”. Prohibe además el almacenamiento, manipulación de fitosanitarios en el mismo ambiente donde se fabriquen, preparen, almacenen o vendan alimentos, bebidas y medicamentos de uso humano, así como su transporte.
En uno de los capítulos se establecen límites a la publicidad de esos productos enmarcándola en códigos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) y en otro orden crea un Observatorio de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la provincia para llevar adelante el programa de prevención, monitoreo y remediación de residuos agroquímicos.
En la parte final ordena crear un Manuel de Buenas Prácticas para dichos productos y prohibe el volcamiento a cuerpos de aguas superficiales o subterráneas de fitosanitarios y aguas de lavado de envases, maquinarias, indumentarias, utensilios y cualquier elemento que haya estado en contacto con dicho producto.
Algunos fundamentos
Fascendini admitió que pese a las restricciones existentes, “se siguen usando plaguicidas que tienen efectos agudos y crónicos en la salud, entendiendo por agudos aquellas intoxicaciones vinculadas a una exposición de corto tiempo con efectos sistémicos o localizados, y por crónicos aquellas manifestaciones o patologías vinculadas a la exposición a bajas dosis por largo tiempo”.
Aclaró que el agua es el vehículo principal de transmisión de estas patologías y afirmó que en la provincia “a pesar de haberse evaluado un incremento de enfermedades cancerígenas en la población relacionadas con exposición a los agroquímicos, se sigue careciendo, por parte de las autoridades competentes, un control preventivo en el manejo y disposición final de los agroquímicos”.
Tras una larga fundamentación, el radical señaló que la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro y los organismos correspondientes a cada provincia deben tomar las medidas necesarias para asegurar un correcto manejo y disposición final de los agroquímicos a fin de evitar una peligrosa contaminación por parte de esos productos.
Fascendini señaló en su alocución que “considerando que las mejoras soluciones son las preventivas, una normativa para los adecuados manejos de fitosanitarios de uso agrícola incorpora en sus exigencias, información relativa a efectos eco toxicológicos y los distintos programas ambientales para un adecuado uso del mismo sobre diferentes especies representativas de los compartimentos ambientales hacia los cuales puede derivar el tóxico en un escenario de aplicación de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas”.
Por Mario Cáffaro | El Litoral
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