La diputada Marcela Aeberhard subrayó que la decisión vino a demostrar que la observación realizada por su sector era plenamente válida, y pidió sanciones políticas para el responsable.
“El gobierno provincial tuvo que reconocer que teníamos razón” expresó la diputada Marcela Aeberhard (100% Santafesino) al difundir la resolución general 05/12 de la Administración Provincial de Impuestos (API) que dejó sin efecto el decreto 200 de enero último por el cual subieron alícuotas de Ingresos Brutos a determinados sectores del comercio. “Sería muy bueno que algunos funcionarios dieran un paso al costado por su propia voluntad luego de semejante ataque a la institucionalidad de la provincia”, añadió la legisladora.
El bloque 100% Santafesino manifestó su satisfacción por la decisión, lo calificó de “un triunfo de la Constitución” y no descartó “pedir explicaciones al ejecutivo provincial: alguien se tiene que hacer responsable”, acotó.
La presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados recordó que su sector “siempre sostuvimos la inconstitucionalidad de la medida, y nos mantuvimos firmes a pesar de que se levantaron voces en nuestra contra”. Incluso el 8 de marzo, Germán Kahlow, presidente del bloque, ingresó un proyecto de ley para que se declare nulo de nulidad absoluta dicho decreto.
El Tribunal de Cuentas observó parcialmente el decreto. “Ahora la resolución del titular de la API que dejó sin efecto este aumento definitivamente nos dio la razón”, afirmó.
Paso al costado
Aeberhard declaró “el gobernador debería pedir alguna renuncia. Esta resolución deja sin efecto al Decreto 200/12 desde su dictado y dada la naturaleza de la observación, nunca se pudo establecer la alícuota del 3,8% y 4,2% que se establecía. En consecuencia los pagos realizados son sin causa y la administración provincial debería devolver de manera inmediata esos montos. Si esto no ocurre la provincia podría tener en poco tiempo reclamos en su contra, lo que obviamente va a terminar perjudicándonos a todos los santafesinos”.
Ejemplificó que “aquellos comerciantes que hayan pagado con aumento seguramente podrán pedir que se le imputen a nuevas liquidaciones pero lo que nos preocupa es la gente común, el consumidor, que queda absolutamente indefenso ya que ha pagado durante estos meses el aumento en los productos y nadie les va a devolver lo que pagaron de más”.
La diputada calificó de “triunfo de los principios republicanos de nuestra Constitución, de la correcta actuación del Tribunal de Cuentas como organismo de control, y de todas las instituciones vinculadas a la producción y a la actividad económica de la provincia, que encontraron en nuestro espacio una manera de hacer escuchar su voz”.
Por último, Aeberhard sostuvo que “quienes motivaron infundadamente un decreto que generó un nivel de incertidumbre impositiva elevado y un daño irreparable a los consumidores comunes debería ser demandado personalmente por mala praxis fiscal. Sería muy bueno que algunos funcionarios dieran un paso al costado por su propia voluntad luego de semejante ataque a la institucionalidad de la provincia”.
Los que pagaron
El subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, dijo que la decisión de no insistir con el decreto 200 fue a raíz de que el tema fue incorporado en el proyecto de reforma tributaria. Consultado por El Litoral sobre qué sucederá con los contribuyentes que igualmente pagaron el aumento durante el mes y medio que rigió la disposición del Ejecutivo, el funcionario dijo se deberá aguardar la sanción de la nueva ley impositiva. Mientras tanto, el decreto “queda en suspenso”.
“Mientras el decreto rigió, rigió. De todas maneras, sabemos que se pueden producir reclamos administrativos y hasta judiciales, que ya varemos cómo se resuelven. En caso de no aprobarse la reforma tributaria -aclaró-, como Ingresos Brutos es un impuesto anual del que se pagan anticipos mensuales, lo que el contribuyente puede solicitar es que el aumento pagado (por efectos del decreto 200) se considere a cuenta de pagos futuros”.
Resolución
El 25 de abril, la API emitió el expediente Nº 13.301-0220351-1. Allí se determinó que el Poder Ejecutivo Provincial no ha procedido a la insistencia en el cumplimiento del decreto N° 200/2012 y por lo tanto procede a dejar sin efecto la Resolución General N° 003/12, dictada en correlación con el citado decreto. Ante este decreto, Aeberhard remarcó que “ésta es la demostración palmaria del reconocimiento de que la administración del gobernador Antonio Bonfatti había actuado fuera de sus facultades legales, creando impuestos sin ley y faltándole el respeto a la institucionalidad de la provincia y al principio de legalidad tributaria”.
Proponen bajar Sellos a alquileres
La diputada provincial Alejandra Vucasovich (Bloque Federal) presentó un proyecto de ley donde propone rebajar la alícuota del Impuesto de Sellos en el rubro Finanzas Personales, en el caso de contratos de locación y sublocación de viviendas únicas y permanentes del diez por mil vigente al uno por mil para facilitar la concreción de alquileres destinados a familias.
La iniciativa también prevé que en el caso de los contratos de locación que tributan como Impuesto a los Sellos el diez por mil del monto total del contrato (aquellos que no se destinen a vivienda única) no se compute a esa suma el IVA, tal como hoy lo dispone una resolución de la API, para alivianar la carga impositiva a comercios e industrias que necesiten alquilar inmuebles para desarrollar sus actividades.
“Alentados por el espíritu de dar mayor equidad y posibilidades en la celebración de contratos de alquileres para Vivienda Única por un lado y para los sectores productivos por el otro es que presentamos esta iniciativa” explicó la autora. “Como en todo proyecto de esta naturaleza, resultará de suma importancia la opinión de asociaciones de inquilinos, ONGs vinculadas a la defensa de los derechos del consumidor, centros comerciales e industriales de toda la provincia y ciudadanos para enriquecer el texto y las intenciones de esta modificación a la Ley Impositiva de la Provincia de Santa Fe”, señaló.
El Litoral
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