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| Foto Arch.: El Litoral | |
El gobierno dijo que intentará cancelar los certificados de obra correspondientes a noviembre. De no hacerlo, incurriría de hecho en el diferimiento de pago a 120 días. Las constructoras piden más financiamiento. Nueva reunión el próximo miércoles.
El ministro de Economía, Angel Sciara, se comprometió ayer a hacer “todos los esfuerzos posibles” para reunir el dinero necesario y pagar a las empresas contratistas del estado los certificados de obra correspondientes al mes de noviembre, y evitar de ese modo incurrir de hecho -y sin acuerdo previo- en un diferimiento de pago a 120 días.
“La provincia va a hacer todos los esfuerzos posibles en función de los resultados de la recaudación que se obtenga en los primeros días de febrero para poder abonar un mes de certificación (del mes de noviembre), para que el pago sea menor a los 120 días”, expresó el ministro.
Ése fue el anuncio formulado por el funcionario tras la reunión que mantuvo con los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), para definir el futuro de la obra pública en la provincia, en virtud de la situación financiera “deficitaria” y de las advertencias del gremio de la construcción -Uocra-, que ya alertó sobre posibles despidos y suspensiones.
“La decisión política es que la obra pública tenga continuidad”, aseguró Sciara en declaraciones a la prensa, después de conversar con Adrián Dip y Ricardo Griot, referentes de la CAC Santa Fe y Rosario, respectivamente. Del encuentro también participó el secretario de Hacienda de la provincia, Carlos Fernández.
Financiamiento
Durante la reunión se conversaron medidas para hacer frente al problema de financiamiento de las firmas constructoras. En este sentido, Sciara dijo que encararán “una ronda de consultas con distintos bancos del sistema a los efectos de poder ampliar los cupos de crédito para las empresas contratistas y mejorar las condiciones del costo de ese financiamiento, por ejemplo, con menores tasas”.
La de ayer fue la segunda de una serie de encuentros acordados entre el Ministerio de Economía y las delegaciones de la Cámara Argentina de la Construcción en la provincia. La intención es “monitorear los problemas financieros que enfrentan las empresas y la situación que atraviesa la provincia con una minuciosa, diaria y detallada administración financiera”, precisó el ministro. El próximo miércoles volverán a reunirse para evaluar la situación, a partir de las respuestas que haya tenido la provincia en la ronda de bancos, y de las decisiones que hayan tomado las cámaras en sus respectivas asambleas.
Complicado
El titular de la Cámara de Santa Fe, Adrián Dip, evaluó tras la reunión que la provincia sigue argumentando “dificultades para conseguir fondos” y poder pagar los certificados en tiempo y forma.
En diálogo con El Litoral, dijo que se esbozó la posibilidad de “reprogramar” plazos de ejecución y de pago, “pero ello -advirtió- significa un costo tanto para las empresas como para la provincia. Eso aumenta los costos fijos, porque si uno reprograma una obra de diez meses para que se ejecute en catorce, los costos fijos serán por catorce meses”.
El empresario admitió que ésa es una de las alternativas que se manejan, pero confesó que espera poder evitarla, por las complicaciones que provocaría. “Eso implica discutir. Yo apuesto a que la plata de algún lado salga, y no tengamos que adoptar ninguna decisión negativa, porque eso nos lleva después a despidos de personal, a renegociar con proveedores, etc.”, explicó.
Dip advirtió que el posible diferimiento de los pagos de sesenta a 120 días es prácticamente imposible e inviable en la situación actual de las empresas.
“La situación económica y financiera es distinta de la de cuatro años atrás, cuando se propuso pagar a 120 días y nosotros acompañamos. Hoy, pagar a 120 días es imposible; tenemos tasas que rondan el 30 por ciento durante los primeros sesenta días y cuando la provincia entra en mora, esa tasa pasa al 45%. Por eso no hay contrato que resista”, alertó.
Para el dirigente, el escenario sigue siendo complicado. “La recaudación no mejora; el ministro dice que ésta es una situación estacional, coyuntural, que habitualmente estos meses son complicados. Están pensando en ver cómo redistribuyen el presupuesto para paliar el pago de certificados. Pero solamente la deuda entre empresas de Santa Fe y Rosario por un mes de certificados rondaría los 150 millones de pesos”, graficó.
Mañana, la cámara convocó a una asamblea general en esta ciudad para plantear el cuadro de situación y definir la postura a llevar a la próxima reunión con la provincia.
El Litoral
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